El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha señalado que entre los 3,000 aspirantes que buscan un puesto en el Poder Judicial, existen individuos que no cumplen con los estándares de integridad, ya que son defensores de narcotraficantes.
Fernández Noroña consideró que la iniciativa del Instituto Nacional Electoral (INE) de evaluar si estos candidatos satisfacen los requisitos constitucionales, incluyendo la verificación de antecedentes penales, es pertinente, aunque llega con retraso.
El senador de Morena destacó que se han identificado casos de personas con vínculos en defensa de narcotraficantes que buscan acceder a posiciones públicas y expresó que tales perfiles no deberían participar en el proceso electoral.
“Hay defensores de narcotraficantes intentando acceder, y no cumplen con la obligación constitucional de probidad. Es evidente que algunos de ellos no deberían ser considerados”, manifestó.
El senador subrayó que resultaría lamentable que un defensor de narcotraficantes o un juez que ha liberado a narcotraficantes, con comportamientos recurrentes, pudiese obtener un cargo.
En relación a la iniciativa “8 de 8”, que tiene como objetivo excluir a candidatos con antecedentes por violencia de género, Noroña recordó al INE que se deben analizar solo las resoluciones firmes y definitivas.
Además, hizo énfasis en la necesidad de ser cuidadosos con los casos que provienen de acuerdos de divorcio, donde el incumplimiento de pensiones o convenios no debe interpretarse como un motivo de inhabilitación, a menos que exista una sentencia condenatoria específica.
Al ser cuestionado sobre una posible impugnación de la medida, Noroña declaró que no lo harán, aunque reiteró que la evaluación debió haberse llevado a cabo con anterioridad.
“Considero que deberían anular el registro de aquellos que no cumplen. No es apropiado esperar a que se realicen las elecciones”, aseguró.
Fernández Noroña enfatizó que no se trata de un riesgo para el proceso electoral, sino de una responsabilidad para impedir que personas con antecedentes problemáticos, incluidos jueces o defensores vinculados al crimen organizado, logren acceder a cargos públicos. Reconoció que, aunque la mayoría de estos casos corresponde al Poder Judicial, también hay situaciones similares en el Poder Legislativo.
Por esta razón, solicitó que se atiendan estas inquietudes antes del día de las elecciones.
